Seis diputados de LLA visitan a los genocidas y quieren liberarlos

            La visita oficial de seis diputados/as nacionales de La Libertad Avanza a presos condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura que están alojados en el penal de Ezeiza, es una nueva provocación en el marco de una escalada negacionista y de violencia política e institucional llevada adelante por el gobierno nacional desde que asumió. Sólo puede interpretarse como una avanzada en la reivindicación del terrorismo de Estado y un golpe al Estado de Derecho.

            La “excursión” a la cárcel de Ezeiza no es un hecho aislado. Es parte del esfuerzo de un sector del oficialismo que encabeza Victoria Villarruel por liberar a los represores que aún están detenidos y para hacer tambalear las causas por detenciones y desapariciones ocurridas durante la dictadura, la reivindicación de las Fuerzas Armadas genocidas y la supresión de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Los diputados Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci realizaron la visita a los genocidas, entre ellos y más conocidos Alfredo Astiz, el hijo de Carlos G. Suárez Mason, Raúl Guglielminetti y Antonio Pernías. Todos ellos están condenados judicialmente por crímenes aberrantes: secuestros, violaciones, torturas y desapariciones forzadas y apropiación de niños y niñas nacidos en cautiverio. La visita no fue repudiada por el Ejecutivo que lo adjudicó a decisiones personales de los legisladores. Obviamente no se hizo mención a los responsables de los permisos que debieron gestionar, que son autorizados por el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich y el Servicio Penitenciario que registró y acompañó la visita. A lo que hay que añadir el traslado en una camioneta oficial de la Cámara de Diputados presidida por Martín Menem.

   En la Argentina de los ‘70, hubo terrorismo de Estado y se implementó un plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio de una parte de la población civil, cuya finalidad era generar terror en todo el cuerpo social para eliminar cualquier resistencia y disciplinar a los ciudadanos a fin de imponer sus planes económicos de dependencia y entrega del país para favorecer a las transnacionales y grupos monopólicos o concentrados del país, de José Martínez de Hoz, como ahora pretende Milei. No hubo una guerra de dos bandos como se pretende reinstalar desde el oficialismo. La verdad se ha demostrado en las sentencias del Juicio a las Juntas Militares y más tarde en cada uno de los juicios de Lesa Humanidad que se desarrollaron y continúan en todo el país. Los militares condenados no son “ex combatientes  que libraron batallas contra la subversión marxista” como afirma el diputado de LLA  Beltrán Benedit (uno de los organizadores de la visita “humanitaria”).

   Hace 30 años, la Constitución Nacional recogió los consensos como sociedad incorporando con la máxima jerarquía a los tratados internacionales de Derechos Humanos y expresando una férrea defensa del sistema democrático ante cualquier intento de interrupción del orden institucional por actos de fuerza. Prescribe además la inhabilidad a perpetuidad para ocupar cargos públicos a quienes atenten contra la democracia y la obligación de ser perseguidos civil y penalmente prohibiendo expresamente la posibilidad de ser beneficiados con medidas como el indulto y la amnistía.

  La gravedad institucional que tiene esta visita es denunciada por organismos de Derechos Humanos de todo el país y del exterior, por asociaciones civiles, partidos políticos, gremios, organizaciones y un amplio sector de la sociedad. La diputada Gisela Marziotta es autora del proyecto para expulsar o sancionar a los y las diputadas que asistieron: “Fue una visita de diputados que pertenecen al Poder Legislativo, una de las tres patas del Estado que sostienen la democracia contra la que atentaron los genocidas”. A pesar del repudio que generó la visita, el proyecto no fue tratado  en la Cámara de Diputados, el miércoles 14 de este mes por la negativa de los diputados de LLA, con el apoyo del radicalismo y de la “oposición amigable”.

   Hoy más que nunca, es necesaria la unidad de todos los sectores que mantienen vigente la lucha por la verdad y la justicia para no permitir que se borre de la historia el legado de los horrores cometidos durante la dictadura, para que el Nunca Más proclamado en el juicio a los ex comandantes de 1985 sea una realidad.

            No olvidamos, no nos reconciliamos, no perdonamos ni damos vuelta la página. Fueron 30.000 y el único lugar para los genocidas es la cárcel común, perpetua y efectiva, porque no hubo dos demonios, fue terrorismo de Estado.

ELENA RIVERO