El gobierno reprime a los mapuche y Jones Huala fue detenido

            Normas internacionales y nacionales reconocen los derechos de las comunidades indígenas sobre los territorios que ocupan ancestralmente: en el inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional se reconoce la preexistencia étnica y cultural de esos pueblos,  y el derecho a la propiedad de las tierras que ocupan tradicionalmente; diversos pactos internacionales de Derechos Humanos (que tienen rango constitucional en nuestro país) sostienen los mismos derechos; el Convenio 169 de la OIT, así como las Declaraciones Americana y de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y la ley 26.160 que declaró la “emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas”.

            A pesar de ello, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los grandes medios de (des)información siguen insistiendo en discursos que ponen la propiedad privada de la tierra por encima de esas normas, al punto de estigmatizar como violentos o terroristas a quienes defienden los derechos indígenas.

            Así, el derecho de las comunidades originarias queda relegado frente a los intereses de grandes terratenientes extranjeros y locales, o el afán de lucro de empresarios cercanos al poder.

            En las cotizadas tierras de Villa La Angostura, el gobierno intenta conformar al lof Paicil Antriao y otros con una porción del territorio que ocupan ancestralmente. El lof mencionado presentó este mes una detallada contrapropuesta basada en documentación histórica, consideraciones culturales y uso tradicional del territorio, con lo que reclaman un total de 125 hectáreas. Habrá a quienes esa cifra le suene a mucho… pero debería recordar entonces que en el país hay casi 15 millones de hectáreas en manos extranjeras, que algunos -como Benetton- tienen cientos de miles, y que hay empresas fantasmas registradas en refugios fiscales (“paraísos fiscales”) que ostentan propiedades más de mil veces superiores al pedido de la comunidad mapuche. La presencia en la zona de las comunidades Paicil y Antrao ya fue reconocida en 1902 por el gobierno nacional, cuando les cedió tierras pastoriles. Antes de eso, fueron misiones militares las que expulsaron a diversos grupos mapuches de la zona. Para tener una clara idea de la preexistencia de estos pueblos, basta recordar que la Ciudad de Villa La Angostura recién se fundó en 1932.

            Otro ejemplo ilustrativo es el de Villa Mascardi, donde es el propio Estado el que promueve el desalojo de las comunidades, junto a algunos particulares y empresas que dicen poseer títulos de propiedad o que acordaron la explotación de las tierras que reclama el fisco. El Lof Lafken Winkul Mapu ocupó territorios ancestrales, ante lo cual el gobierno nacional (con las autoridades de Río Negro y con grupos de propietarios cada vez más violentos) creó un Comando Unificado que dirigió la represión violenta contra el Lof el 4 de octubre pasado, que terminó con la detención de 7 mujeres, niños y bebés. Hasta la fecha, 4 de las comuneras mapuches siguen bajo prisión domiciliaria.

            Más recientemente, el Lof Cayunao denunció que se está alambrando ilegalmente en las nacientes del río Chubut. El beneficiario de esa usurpación sería el Emir de Qatar. Ni el gobierno nacional ni el local se pronunciaron al respecto, mientras el cercamiento continúa.

Jones Huala, otra vez preso

            Los gobiernos, la oposición derechista y la gran mayoría de los medios cubre el conflicto con la misma mirada de los terratenientes. Hablan de la violencia de los grupos mapuches, ponen en duda su identidad como pueblo indígena y alientan el miedo en parte de la población de que estas comunidades vienen por sus bienes.

            Pero en la zona, a los muertos los puso el pueblo mapuche y quienes apoyan su lucha: Rafael Nahuel, Elías Garay, Santiago Maldonado. Son hombres, mujeres y niñes indígenas quienes sufren el hostigamiento de empresarios y punteros políticos, de grupos violentos que los agreden en el territorio o en las ciudades (así ocurrió con quienes visitaban a un herido en El Bolsón en ocasión del asesinato de Garay).

            El Estado despliega su violencia física y legal contra las comunidades a las que califica de “terroristas”. En cambio, el grupo de matones que actuó coordinadamente contra quienes marchaban al Lago Escondido (ver nota aparte), no ha recibido ningún adjetivo de parte de los gobiernos y de los medios.

            En ese contexto el 30 de enero detuvieron a Facundo Jones Huala, a quien buscan extraditar a Chile. Trascendió que el operativo estuvo a cargo de la policía rionegrina y que el lonko estaba solo en el fondo de una vivienda particular a la que habría ingresado por error y alcoholizado, según autocrítica que hizo en un video.

            Los discursos de la prensa (incluso la supuestamente “progresista”) desempolvaron las afirmaciones sin sustento del Informe sobre R.A.M. que publicó el Ministerio de Seguridad nacional bajo la conducción de Patricia Bullrich, pese a la falta de evidencias y a la pobreza de las “armas” que adjudican a los mapuches (una pistola, piedras, un par de carabinas, balas viejas y ¡martillos!).

            El PL sigue reclamando la libertad de Jones Huala, de las 4 mujeres mapuches, al igual que la de Milagro Sala y demás presos políticos

MARÍA ALANIZ