La Corte Suprema es macrista, pero el FDT no hizo ninguna reforma judicial

               Aunque no tiene la mayoría en Diputados para que el juicio prospere, el oficialismo inició el proceso contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de InJusticia. Con una ajustadísima votación de 16 a 15 logró aprobar en la Comisión, la admisibilidad del proceso, que seguirá con la presentación de la prueba para que luego pase al recinto para su eventual desarrollo. Eso no ocurrirá, porque no tiene los votos para hacerlo y porque Juntos por el Cambio rechaza este juicio político y así lo manifestó y votó en la Comisión.

               Desde el PL nos parece correcto y procedente este juicio político, que busca la destitución de los cuatro supremos. Hace falta una profunda reforma judicial para cambiar de raíz al Poder que se basa en privilegios no sólo de jueces y funcionarios, sino de los poderes concentrados que representa y defiende. Y esa reforma debe empezar por la cabeza: la Corte Suprema.

               Pero el gobierno del Frente de Todos, que hoy inicia este proceso en Diputados, tal como lo establece la Constitución Nacional, no puede desentenderse del problema porque ha sido y es parte de él. Dos de los cortesanos (Maqueda y Lorenzetti) fueron designados durante gobiernos peronistas: al primero lo nombró Duhalde y al segundo Néstor Kirchner por consejo de su esposa Cristina.

               A Rosatti y Rosenkrantz los designó Macri mediante un decreto abiertamente inconstitucional, pero ese nombramiento fue luego convalidado por el Senado que en aquel momento (2016) tenía mayorista peronista, con Miguel Angel Pichetto a la cabeza. Además Rosatti fue intendente por el justicialismo en Santa Fe, entre 1995 y 1999.

               Alberto Fernández no cumplió con su promesa de campaña de reformar el Poder Judicial. Recién en 2021 impulsó una tibia reforma judicial que no fue tratada en Diputados, en ese momento bajo la presidencia de Sergio Massa. Y luego, habiendo perdido la mayoría en esa cámara, tampoco le dio impulso ni promovió movilizaciones ni acciones que pusieran freno a las arremetidas de jueces y cortesanos. Así fueron avanzando, con fallos a favor de los monopolios, como el que dictó la Cámara Contencioso Administrativo y ratificó la Corte Suprema, declarando la inconstitucionalidad del decreto 690/2020, que determinaba el carácter público de la telefonía fija y móvil, el servicio de Internet y la televisión por cable. Fue por una cautelar que promovió Telecom, del grupo Clarín, y el fallo salió a su medida. A partir de allí, los tarifazos en esos servicios son moneda corriente.

               A fines de 2021 la Corte resolvió declarar la inconstitucionalidad de la ley dictada por el Congreso Nacional y vigente desde 2006, del Consejo de la Magistratura. Y fue más allá, porque otorgó un plazo para dictar una nueva ley. No hubo acuerdo para dictar una nueva ley y entonces entró en vigencia la ley anterior, derogada en aquel año. Los cortesanos se transformaron en legisladores, violando la división de poderes.

               Esos y otros fallos, como el del caso Muiño, que beneficiaba a los genocidas con el 2×1, en 2017, son la base de algunas de las acusaciones del actual pedido de juicio político. Son correctas, pero llevadas tardíamente al recinto y en un año electoral, no le harán ni cosquillas a los cortesanos ni a los demás jueces y funcionarios derechosos, cuyas sentencias salen más rápido o más temprano según el interés que se ventile. Por ejemplo, en el escándalo de los chats de Lago Escondido, el fallo salió rapidísimo desestimando la denuncia porque se basaba en “escuchas ilegales”, cuando antes hubo causas como la del Memorando con Irán, que se reabrieron luego de escuchas obtenidas de manera ilegal.

               Sobre Rosatti pesan varias acusaciones, una de ellas de una ex detenida desaparecida, Patricia Isasa, quien declaró que el hoy presidente de la Corte encubrió a un represor, Eduardo Ramos, quien la torturó y violó durante su cautiverio. Ramos trabajaba en la intendencia de Santa Fe durante la gestión de Rosatti “y no hizo nada para apartarlo”.

               El gobierno es corresponsable de la conformación de la Corte, pues no propuso reemplazante para la vacante que dejó la jubilación de Elena Highton.  Es verdad que no cuenta con los dos tercios en el Senado para aprobar una eventual candidatura, pero si hubiera tomado esa iniciativa, aunque hubiera sido rechazada por JxC, habría sido un costo político para esa oposición derechosa. Ni siquiera invocaron el fuerte argumento de la perspectiva de género, cuando hay en Argentina muchas juristas mujeres, de prestigio y progresistas, para ocupar ese cargo.

               La oposición macrista rechaza el juicio político porque considera que es un nuevo intento del gobierno de “avanzar contra la Justicia”, para lograr la impunidad de la vicepresidenta Cristina Fernández, quien fue condenada en diciembre del año pasado por un Tribunal Oral, en un juicio que tuvo grandes falencias probatorias.

               Clarín, La Nación e Infobae, y sus medios digitales, televisivos y radiales, utilizaron el término “circo” para referirse al proceso iniciado en la comisión de Juicio Político de Diputados. Argumentan que son otros los problemas que preocupan a la gente. El ajuste a salarios y jubilaciones, el endeudamiento con el FMI, la inflación, la precarización laboral, etc., son problemas que el macrismo va a agravar aún más.

               Por ello, el proceso de destitución es correcto, porque se trata de una Corte Suprema que defiende y representa los intereses de los monopolios y la derecha, pero el gobierno no puede soslayar la responsabilidad que le cabe en el actual estado del Poder Judicial. Cuando tuvo las herramientas para cambiarlo, no lo hizo. Y acá están las consecuencias. Tarde piaste, FDT.

IRINA SANTESTEBAN