Los pueblos wichís siguen tan mal como siempre

En medio de la crisis sanitaria por el coronavirus, el dengue y el Sarampión, en Salta se siguen muriendo niños de comunidades originarias por desnutrición. La Fiscalía penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal investiga las causas de muerte de 25 niños de comunidades originarias entre enero y febrero últimos. Los casos corresponden a los departamentos San Martín, Rivadavia y Orán.

Mientras tanto Caciques de varias comunidades vienen informando que en marzo fallecieron por lo menos 9 más.

Las muertes se producen como resultado de las malas condiciones de vida de las comunidades originarias, caracterizadas por la pérdida progresiva de sus territorios, el desmonte, la falta de acceso al agua potable y a la salud pública, como así también a la falta de acceso a la tarjeta Alimentar o el bono de $10.000 que decretó el Gobierno Nacional. Problemas que se arrastran, multiplican y profundizan año tras año, gobierno tras gobierno.

El fiscal penal de esta Unidad, Pablo Cabot, imputó a una funcionaria que trabaja como Coordinadora de la Niñez en Santa Victoria Este por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en grado de autoría. La acusación se realizará en el marco de la investigación iniciada por el fallecimiento de al menos 13 niños en enero, a los que se sumaron otras 12 muertes en febrero relevadas por el Ministerio de Salud.

El Ministerio Público Fiscal sostiene que la funcionaria visitó el hogar de una familia wichí en ocasión de la muerte de un niño y allí se encontraba su hermanita, de 5 años, en grave estado.

En esa oportunidad, explican desde el MPF, la mujer constató que la niña “se encontraba en grave estado y requería asistencia médica, pese a lo cual no arbitró los medios pertinentes para que la menor fuese asistida de inmediato, falleciendo finalmente el 26 de marzo, consignándose como causa del fallecimiento, shock séptico”. Cabe recordar que en torno a este caso el Gobierno de Gustavo Sáenz responsabilizó a las propias familias wichís por el abandono de los niños.

El fiscal Cabot giró documentación (historias clínicas, carnet de vacunas, carnet del niño con curva de peso y otros) de la investigación por la muerte de al menos 13 menores en enero pasado al plantel médico del CIF Orán para determinar si existe relación con cuadros de desnutrición o deshidratación.

No obstante ello, la directora de Salud Materno Infanto Juvenil de la cartera sanitaria provincial, Susana Velazco, remitió en marzo el listado con la información de otros doce menores fallecidos durante febrero. De ese total, 8 son de Tartagal y 4 de Orán, por lo que también intervendrá fiscalía de este último departamento.

Ante la grave situación Sáenz convocó a una mesa multisectorial tras la cual emitió un decreto declarando la emergencia social y sanitaria para Orán, San Martín y Rivadavia por 180 días. Por otro lado la Nación inyectó fondos millonarios para repartir bolsones alimentarios en las comunidades, agua potable y hubo despliegue del Ejército. Organizaciones sociales nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) conformaron un equipo de profesionales voluntarios para instalar por tres meses un campamento sanitario.

En ese marco la llegada de pandemia por coronavirus COVID-19 paralizó todo, menos las muertes, que en los dos primeros meses del 2020 sumaban casi 30 niños.

Es imprescindible que tanto el Gobierno nacional como el provincial concreten medidas para revertir esta situación en que se encuentran estas comunidades originarias. Empezando por garantizar el acceso al agua potable de forma urgente, además de continuar con la distribución módulos alimentarios a todas las comunidades afectadas, evitando el clientelismo político.

De igual forma es necesario que se cumpla definitivamente con Ley nacional 26.160 de relevamiento territorial de comunidades indígenas y se debata y sancione una ley de propiedad comunitaria aborigen, para que las comunidades puedan contar tierras para vivir y trabajar.