Cuarentenas de clase

No es lo mismo cumplir el aislamiento obligatorio en una vivienda cómoda, en un country, en una amplia casa rural, con acceso más o menos continuo a Internet, que en condiciones de hacinamiento, con protección insuficiente frente a las inclemencias climáticas y déficit graves en el acceso a servicios básicos.

Y sobre todo, no es lo mismo mantener el aislamiento con la seguridad de que se tiene fondos en cuentas bancarias, o que percibirá el salario a fin de mes, que haberse quedado sin fuente de ingresos por no poder salir. ¿Qué pueden hacer los cortadores de pasto, electricistas, plomeros, vendedores ambulantes, peluqueros, y todos aquellos cuyos ingresos dependen de trasladarse a otras casas o de mantener locales que hoy no pueden abrir?.

En medios de comunicación y en las redes sociales circulan discursos impugnatorios de quienes violan la cuarentena, asimilándolos a algunos “chetos” que alcanzaron notoriedad por violar el aislamiento en ejercicio de sus privilegios de clase y promoviendo el odio y la descalificación hacia los sectores populares. En cambio, muestran condescendencia cuando Alfredo Coto (el mismo al que le encontraron un arsenal) se resiste a una clausura, y le dan voz para que cuestione la iniciativa de gravar a los más ricos.

En la Argentina hay cerca de 1.500.000 viviendas con dos o más personas por cuarto, según el último informe publicado por el INDEC en base a relevamientos de la EPH. El mismo informe, que data del primer trimestre del año pasado, consigna que cerca de un millón de hogares no cuenta con agua corriente de red en su domicilio. Por su parte, el estudio de la UCA sobre la pobreza señala que un 27% de los hogares carece de una “Vivienda adecuada en su tipo, materiales, servicio sanitario y espacio”.

Contra lo que dicta ese supuesto “sentido común”, diversos testimonios dan cuenta de que en los barrios populares el cumplimiento del aislamiento es elevado; aunque esa situación se da con sus características específicas.

Los comedores y merenderos populares dan testimonio de la crudeza de la situación económica y muestran límites al aislamiento cuya frontera es la supervivencia. Cada vez son más las familias que acuden a esos espacios, y cada vez son más las y los militantes que despliegan solidaridad y organización para mantenerlos en funcionamiento.

Mientras tanto, la policía (en todas las provincias y en CABA) sigue mostrando su lógica clasista, con la arbitrariedad amparada por el discurso dominante; agresiones brutales contra militantes que acuden a merenderos, contra vendedores que buscan desesperadamente algún ingreso, e incluso contra quienes salen a comprar lo que necesitan pero difieren del estereotipo clasista y machista que defienden (jóvenes con gorra, chicas trans, etc).

Dar respuesta a este cuadro requiere una mirada distinta en cuanto a lo territorial, y recursos que el Estado debe proveer para mantener el aislamiento y evitar que la pandemia se propague en estos sectores más vulnerables; el mismo Estado que no hace lo suficiente frente a la expansión del Dengue. Y esos recursos, nuevamente, sólo pueden salir de no pagar la deuda y de gravar a los monopolios y demás sectores económicos concentrados.