No a los abusos y represión policial en la cuarentena

En el marco de la pandemia que nos afecta y preocupa, es necesario establecer controles para evitar la propagación del virus. El aislamiento social es una de ellas. Y en ese marco el rol de las fuerzas de seguridad es importante, a los fines de su cumplimiento efectivo y de las otras medidas dictadas por el Poder Ejecutivo de la Nación. Pero esa función debe ser ejercida respetando la Constitución y el estado de derecho.

Las numerosas denuncias por violencia policial que se multiplican a lo largo y ancho del país dan cuenta de que eso no sucede.

La Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, señala la necesidad de consensuar un protocolo que regule el accionar de las fuerzas de seguridad y los controles para evitar “que la excepcionalidad dé márgenes para la discrecionalidad y la arbitrariedad”. Pero aclara, “no podemos hacer más porque no tenemos competencia sobre las provincias”. Y ahí comienza el problema: los gobernadores instrumentan las medidas según su propia interpretación.

Algunos, como el de Salta, da poderes extraordinarios a la policía provincial otorgando al jefe de policía la competencia para aplicar multas, arrestos y hasta para tipificar delitos, lo que configura un retroceso institucional. Es un peligroso precedente por cuanto un órgano administrativo no puede calificar como faltas o contravenciones nuevos hechos que a su vez serán juzgados por el jefe o jefa de policía estableciendo así un régimen sancionatorio excesivo que viola derechos y garantías constitucionales.

Preocupa aún más cuando se constata que esa violencia policial se aplica sobre todo en los barrios populares, a los sectores más vulnerables, donde la caída de las changas, de las ventas ambulantes, afectan la fuente de ingresos para las familias. La falta de alimentos y la precariedad en el acceso a los servicios básicos y de salud,el hacinamiento, la violencia de género, etc, imponen a estos sectores mayores sacrificios para cumplir con el aislamiento social y los lleva a veces a infringir las normas dictadas. Aparece ahí el accionar policial que se ensaña principalmente contra las personas en situación de calle y tiene como blancos principalmente a los jóvenes y a los que habitan los barrios más carenciados.

El aislamiento social obligatorio no es para violar la Constitución ni los Derechos Humanos ni configura un escenario de permisibilidad para que la policía actúe sin límites. Ya sin las medidas excepcionales tomadas por los Comités de crisis, permanentemente los organismos de Derechos Humanos denunciaban los casos de “gatillo fácil” y de hostigamiento y persecución a esos sectores vulnerables. Los Códigos Contravencionales que en muchos casos contienen artículos inconstitucionales tampoco tienen en algunas provincias, Juzgados especiales de aplicación lo que agrava más esta situación. Así como se sanciona al que viola la cuarentena, también debe ser sancionado el policía que maltrata a los ciudadanos. En algunas administraciones provinciales se ha actuado en ese sentido pasando a disponibilidad a a los efectivos que han incurrido en esas prácticas. Son los menos y constituyen excepciones. Pero para salvaguardar los derechos humanos, sociales y políticos de todxs, es necesario que sea la regla, no la excepción.

A las denuncias y a la formación de redes que puedan poner coto a la violencia institucional, además de los organismos de Derechos Humanos, se han sumado organizaciones sociales, sindicatos y profesionales que ofrecen vías para efectuar denuncias y asesoran sobre las maneras de canalizarlas. Para eso, también el Poder Judicial debe con rapidez, efectividad y sobre todo con imparcialidad y objetividad haciendo respetar las leyes.

Defender los Derechos Humanos y las garantías constitucionales es tarea urgente de todos y todas, vistas las detenciones, golpizas y heridas sufridas por sectores populares en CABA, provincia de Buenos Aires, Jujuy, Chubut, Córdoba, Salta y otras provincias. Alberto Fernández en vez de corregir estas prácticas se limitó a saludar y felicitar a la Gendarmería y demás fuerzas de seguridad “por salir todos los días a la calle”.