​La inflación sigue pegando fuerte y abajo

            El Índice de Precios al Consumidor de febrero último mostró una suba de 4,7%. Con esa cifra, la inflación acumulada en un año llegó al 52,3%.

            El IPC es un promedio ponderado, que intenta reflejar el impacto sobre una canasta de bienes que consume la población. Sin embargo, los mayores incrementos se produjeron sobre lo más esencial: alimentos y bebidas, rubro que sumó un 7,5%, alcanzando 55,8% en 12 meses. Eso significa que la inflación pegó con mayor fuerza en los sectores de menores ingresos, quienes destinan un mayor porcentaje de sus escasos recursos precisamente a esos productos.

            El salto del indicador es el mayor en casi 12 meses. Hay que remontarse a marzo de 2020 para encontrar un valor superior, aunque el precio de los alimentos no tuvo entonces una aceleración tan pronunciada.

            Para explicar este pico inflacionario, el gobierno apeló al conflicto de Rusia y Ucrania. Sin embargo, las operaciones militares rusas comenzaron apenas 4 días antes de que terminara febrero, por lo que a lo sumo pudo tener una incidencia muy menor.

            Los bolsillos sintieron claramente que en marzo las cosas fueron peores. La Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET)  midió incrementos del 6,8% en promedio, otra vez con los alimentos a la cabeza, que se encarecieron en un 9%. La UMET es una institución privada perteneciente al Grupo Octubre, que encabeza el empresario y titular del gremio de porteros Víctor Santamaría.

            El 15 de marzo último, el presidente Alberto Fernández anunció el comienzo de la “guerra contra la inflación”.  En el discurso grabado el mandatario valoró positivamente los límites a la emisión monetaria y la suba de tasas de interés, medidas pactadas con el Fondo Monetario y que han sido aplicadas en numerosas oportunidades por sucesivos gobiernos sin que pusieran freno a la escalada de precios. Si bien Fernández adhirió a la explicación de la inflación como fenómeno “multicausal”, es evidente que da mayor relevancia al recetario ortodoxo del FMI ya que aseguró que las medidas acordadas con dicho organismo permitirían “ordenar las variables macroeconómicas centrales en la lucha contra la inflación”.  Sobre las operaciones que llevaría adelante en la mentada “guerra” no dio precisiones técnicas, volviendo a apelar al diálogo entre las partes (como si la inflación, la explotación, la concentración económica y la especulación sólo fueran malos entendidos) y a advertir que usaría todas las herramientas del Estado para hacer cumplir las medidas que se supone que se tomarán.

            Es evidente que si existe tal guerra contra los precios, la mayoría de lxs argentinxs vamos perdiendo. La estimación de la UMET no es la única que vislumbra una inflación récord: diversos cálculos privados la ubican entre el 5,5% y el 6%, en tanto que el IPC que publica la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires computó un incremento del 5,9%. El INDEC dijo 6.7. De este modo la inflación del primer trimestre, acumulada, fue del 16 por ciento.

Ir a fondo o fracasar

            Las posibilidades reales del gobierno de frenar la inflación son realmente escasas. Y no por las razones que esgrimen los economistas interesados (es decir, casi todos los que entrevistan los principales medios), que adhieren al recetario fondomonetarista de ajuste, desregulación, reducción drástica de la emisión monetaria.

            Esos diagnósticos omiten la importancia de la concentración económica en la producción y distribución de alimentos, los intereses de los agroexportadores (prestos a seguir los precios del mercado internacional, favorables a devaluar la moneda y con ello los ingresos de lxs argentinxs).

            Según señala el Centro de Estudios Agrarios, el 87% de la producción de harina para pan es manejada por sólo 3 empresas: Molinos Río de la Plata, Cañuelas y Morixe; La Serenísima, AdecoAgro y Danone suman el 75% de la producción de lácteos; en fideos, Molinos Río de la Plata, Complejo Alimenticio San Salvador y Molino Tres Arroyos acumulan el 66% del mercado. Los dos últimos nombrados producen para las grandes cadenas COTO, Walmart, Carrefour, DIA, Cencosud y Knorr-UNILEVER.

            La concentración de la producción no siempre produce inflación, pero en el caso argentino resulta determinante por la facilidad con la que un pequeño grupo de poderosos puede fijar altos márgenes de ganancias. A su vez, las materias primas usadas en la producción de esos alimentos siguen los precios internacionales, por lo que cada devaluación de la moneda argentina repercute en incrementos.

            Si el gobierno no actúa para revertir ese escenario, si no es capaz de poner límites a las ambiciones que expresa “el mercado”, es poco lo que podrá hacer. Acordar precios de referencia con el mismo conjunto de monopolios sólo puede tener un impacto menor, más aún cuando el Estado se muestra incapaz de verificar su cumplimiento.

            La operación rusa en Ucrania sumó fuertes tensiones en los precios del rubro alimenticio. La Federación que preside Vladimir Putin es la principal exportadora de trigo en el planeta, mientras que su vecino es el quinto. Como consecuencia, los precios internacionales de esos productos (y otros donde Rusia es un productor de relevancia) se han disparado en todo el mundo, produciendo subas récords en la mayoría de los países.

            De nuevo, sin medidas realmente de fondo contra los monopolios y sin control del comercio exterior, los precios continuarán aumentando. Y tratándose de alimentos, serán los sectores de menores recursos los que pagarán las ganancias exorbitantes de un puñado de grandes pulpos.

JORGE RAMÍREZ